Fue denunciado por la fiscalía por usar una sociedad interpuesta con la que eludir impuestos. Su defensa considera que no hay delito e intenta que el caso vuelva a la vía administrativa.

Se le complican las cosas al torero Miguel Ángel Perera al que Hacienda investiga por delito fiscal,  y lo tiene de nuevo en el punto de mira.  Un juzgado de Villafranca de los Barros abrió diligencias contra él tras una denuncia de la fiscalía en la que le acusa de defraudar 1,6 millones en 2008 y 2009, según fuentes próximas al caso. Perera, que estaba entre los tres los primeros del escalafón en esos años, cobró sus retribuciones como matador a través de la sociedad Pertaurus, que no pagó sueldo al socio, según Hacienda. El juzgado dio por terminada la instrucción y está pendiente de que la fiscalía y la Abogacía acusen. Su defensa alega que es solo un problema de criterio y pide que vuelva a la vía administrativa. La cruzada de Hacienda contra futbolistasactoresabogadosperiodistas por el uso de sociedades interpuestas ha llegado también al mundo de los toros.

Según Rafael Méndez en el Confidencial,  Perera usó una sociedad para cobrar sus corridas, 160 en los años 2008 y 2009, una cifra enorme. Esta firma, llamada Pertaurus, facturó 3,32 millones en 2008 y 3,92 millones en 2009. Su actividad es la «organización, contratación y ejecución de corridas de todos y rejones». Esos eran los años dorados de Perera, el torero de Puebla del Prior nacido en 1983. Hoy es el décimo en el escalafón y ha tenido éxitos recientes como una puerta grande en Madrid en 2017 pero entonces estaba en la cumbre.

Su sociedad, Pertaurus, facturó 3,32 millones en 2008 y 3,92 en 2009. En esos dos años Perera toreó 160 corridas. Estaba en la cumbre del escalafón

En esos años, Pertaurus «no facturó ni declaró» ingresos por las actuaciones de Parera, según la información del caso. Hacienda considera que eso hizo que el torero defraudara unos 650.000 euros en 2008 y alrededor de 950.000 en 2009 en su declaración de IRPF. A eso hay que sumar lo que Hacienda calcula que la sociedad no tributó por IVA. En total, 1,77 millones de euros de cuota defraudada, entre IRPF e IVA, aunque el caso sigue en el juzgado.

El caso ha estado más de cinco años en instrucción en Villafranca de los Barros, fuera de los focos y llevado con mucha discreción. El 12 de enero de 2018, el juzgado dio por terminada la instrucción y el caso está pendiente de que acusen la fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria. La causa contra Perera ha tenido multitud de declaraciones del mundo del toreo e incluso llegó a tratarse en un cónclave de asesores fiscales. Empresarios de las plazas de toros han testificado a su favor al sostener que está todo declarado. Sin embargo, la exesposa del matador, con la que tuvo un largo pleito sobre la pensión tras el divorcio, declaró que este llevaba una contabilidad b con la que pagaba a su cuadrilla.

La defensa de Perera intenta que el caso salga de la vía penal y vuelva a la vía de Hacienda, para lo que negocia con las acusaciones. Considera que no ha habido ocultación porque la sociedad Pertaurus estaba declarada y que solo hay una discrepancia sobre qué debía atribuirse a la empresa y qué parte al torero. Según su interpretación, este es un caso como tantos otros de uso de sociedades profesionales.

 

La información facilitada por El Confidencial dice, que Hacienda ya ha lanzado rondas de inspecciones contra abogados, futbolistas, actores y periodistas por el uso de sociedades para cobrar sus retribuciones. Estas sociedades servían para tributar al 25% del impuesto de sociedades frente al 50% que alcanza el IRPF y desde 2009 están en el foco de la Agencia Tributaria. Hacienda considera que las sociedades pueden existir pero siempre que obtengan los servicios de la persona física, en este caso el torero Perera, a precio de mercado. Es decir, Pertaurus debía pagar a Parera una retribución a precio de mercado por los servicios de torero y Perera tributar por ello en su IRPF. La sociedad podía quedarse con cierto beneficio, pero no con todos los ingresos.

Màxim Huerta, por ejemplo, tuvo que dimitir de ministro de Cultura al saberse que había tenido un problema con Hacienda por este tema y había perdido el recurso contencioso que había interpuesto. La inmensa mayoría de los casos del uso de sociedades profesionales se han quedado en vía administrativa. Hacienda ha ganado la mayoría de los contenciosos aunque algunos famosos como María Teresa Campos sí se escaparon. Desde presentadores de televisión famosos como Antonio Lobato o Ernesto Sáenz de Buruaga a actores como Fernando Tejero o Loles León han perdido sus pleitos

Pero el caso de Perera es singular porque Hacienda lo denunció a la fiscalía al considerar que había delito fiscal en dos ejercicios, lo que puede conllevar una acusación que incluya penas de cárcel. Un grupo selecto de futbolistas -Messi, Cristiano Ronaldo, Falcao, Di María, Mascherano…- han sido condenados por delito fiscal pero porque usaban sociedades en el extranjero para gestionar sus derechos de imagen. Cuando Hacienda llevó por vía penal a abogados destacados por el uso de sociedades profesionales perdió porque los jueces consideraron que no había ocultación, algo fundamental para calificarlo como delito.

Un asesor fiscal del sector taurino relata cómo funcionan las inspecciones en el mundo de los toros a los 15 o 20 toreros de categoría especial: «Comenzaron en 2009 o así como a los artistas y los presentadores». «Los toreros», explica, «tienen mejor defensa que los artistas porque con su empresa contratan a su cuadrilla y llevan los gastos a sus espaldas, no es una sociedad ficticia«.

Hacienda acepta que se deduzcan todos esos gastos pero el problema surge con el beneficio, que en los toreros de élite es cuantioso en una temporada buena. «Un torero bueno puede llegar a facturar cuatro millones y tener dos de beneficio, un margen del 50%. Hacienda no deja que ese beneficio se quede en la sociedad entero y si el torero no ha recibido un sueldo está pillado». Los toreros intentan defender que el sueldo de mercado es el mínimo que marca el convenio nacional taurino pero eso está en discusión.

El caso de Perera es único por estar en vía penal.

Ya en el año 2014 los problemas judiciales del torero saltaron a los medios de comunicación debido a la demanda que presentó el abogado Ismael Oliver contra la empresa Pertaurus, propiedad del torero, por la compra de la finca Los Cansados al grupo Torras por 6.000.000 de euros. La propiedad linda con el embalse de Alqueva y tiene una extensión de 631 hectáreas, y antes de pertenecer al grupo Torras estuvo en manos de Manuel De Prado y Colón de Carvajal. En su momento el torero tuvo que hacer frente al pago de 217.000 euros de comisión por la compra de dicha finca.