Extremadura es la segunda comunidad con mayor número de desfibriladores en función de su población, con uno por cada 1.102 ciudadanos, solo por detrás de Madrid.
En España hay un total de 23.000 desfibriladores instalados fuera del ámbito sanitario, lo que supone la existencia de cinco desfibriladores por cada 10.000 ciudadanos, un ratio que se sitúa «muy por debajo» de países como Estados Unidos, Francia o Japón, según datos de 2018 facilitados por las comunidades autónomas y recogidos por la compañía B+Safe-.
Al descender al ámbito de las comunidades autónomas, esta relación ofrece grandes diferencias, entre ellas, las más notables son las que se producen entre Madrid y La Rioja. Así, mientras que en la Comunidad de Madrid hay un desfibrilador por cada 1.000 personas, en La Rioja hay uno de estos equipos cada 10.000 ciudadanos.
Según estos datos, Madrid es la Comunidad Autónoma mejor cardioprotegida, con 1 desfibrilador cada 753 ciudadanos, seguida de Extremadura (1 cada 1.102), País Vasco (1 cada 1.259), Navarra (1 cada 1.343), Cantabria (1 cada 1.937), Galicia (1 cada 2.066), Baleares (1 cada 2.301), Murcia (1 cada 2.414), Aragón (1 cada 2.669), Valencia (1 cada 2.842), Castilla y León (1 cada 3.050), Cataluña (1 cada 3.180), Castilla La Mancha (1 cada 3.752), Melilla (1 cada 3.818), Canarias (1 cada 4.200), Andalucía (1 cada 4.400), Asturias (1 cada 4.878), Ceuta (1 cada 5.250) y La Rioja (1 cada 10.400).
«A pesar de que todavía nos situamos lejos de los países más avanzados, en los últimos años la situación ha mejorado exponencialmente. Poco a poco las comunidades autónomas han ido regulando la obligación de instalar desfibriladores en espacios públicos como centros comerciales, estaciones, aeropuertos, empresas, colegios, polideportivos, dependencias públicas… que han permitido aumentar el mapa de espacios cardioprotegidos», ha explicado explica el director general de B+Safe-, Nuño Azcona.
Esta obligatoriedad se complementa con multitud de iniciativas privadas que están promoviendo la instalación de desfibriladores en espacios donde no se obliga por Ley porque «han entendido que la disponibilidad de un desfibrilador ofrece un valor añadido a sus cliente y usuarios, dándoles una seguridad añadida en caso de que se produzca un accidente cardiaco», concluye.
