• La juez afirma en el auto que la delegada adoptó la resolución para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el derecho de los manifestantes
  • El auto establece que la resolución recoge expresamente la posibilidad de hacer una marcha a pie para entregar sus reivindicaciones y, si no lo hicieron, fue por su exclusiva voluntad.

      La juez titular del juzgado número de cuatro de Badajoz ha dictado un auto acordando el archivo de las diligencias previas de la querella presentada por La Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura al entender que, tras las diligencias efectuadas, los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna.

La querella había sido presentada por La Unión a raíz de la decisión de la delegada del Gobierno de modificar el recorrido de los tractores en la manifestación convocada el pasado 19 de diciembre de 2018. En esta querella se acusaba a García Seco de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, contra los derechos individuales y de coacciones. El auto desmonta en su argumentación todas y cada una de estas acusaciones.

En cuanto a la prevaricación administrativa, el auto reconoce que la delegada del Gobierno, una vez que tuvo conocimiento del informe emitido por la policía local de Mérida, ante la existencia de una situación de alarma antiterrorista de nivel 4 y la proximidad de las fechas navideñas, se vio obligada a actuar, tras el asesoramiento jurídico correspondiente, buscando garantizar el derecho de los manifestantes a exponer sus reivindicaciones pero también para proteger la seguridad de los ciudadanos. En el auto se establece no se puede atribuir ninguna responsabilidad a la delegada respecto a la tardanza en la emisión del informe policial; que no hubo intención de impedir el ejercicio de reunión y que esta resolución se hizo por parte de García Seco con una interpretación de la norma sobre una base razonada y suficiente; y que consideró adecuado dictar la resolución indicada asegurándose además de que llegara a conocimiento de la parte convocante pues se le notificó además de por vía ordinaria, a través de la Guardia Civil esa misma tarde.

Sobre una presunta actuación contra los derechos de los manifestantes el auto señala que la resolución del día 18 de diciembre, recoge expresamente la posibilidad de hacer una marcha a pie hasta la Presidencia de la Junta de Extremadura para entregar sus reivindicaciones al Presidente y, si no lo hicieron, fue por su exclusiva voluntad. Entiende el auto que no se impidió el derecho de reunión y manifestación de los convocantes y que se les dio la oportunidad de entregar su tabla reivindicativa al Presidente de la Junta como habían comunicado que era su intención.

Por último, el auto desestima también las presuntas coacciones afirmando que ni se empleó, ni se ordenó que se empleara violencia de ningún tipo para impedirles el ejercicio de su derecho de reunión y manifestación.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, se ha mostrado muy satisfecha por el archivo de la querella y ha valorado positivamente las consideraciones del juzgado sobre su proceder en aras de garantizar tanto el derecho de los manifestantes como, sobre todo, la seguridad de todos los ciudadanos.

LA UNIÓN ANUNCIA QUE RECURRIRÁ EL ARCHIVO DE LA QUERELLA CONTRA LA DELEGADA DEL GOBIERNO.

Luis Cortés acusa al alcalde de Mérida y al secretario general de la delegación por “presionar” al jefe de la Plicia Local para cambiar el recorrido.

La organización agraria la Unión de Extremadura recurrirá el auto del juzgado que ha archivado la causa contra la delegada del Gobierno Yolanda García Seco, por la modificación del recorrido de la tractorada del pasado 19 de diciembre de 2.018.

Así lo ha anunciado el secretario técnico de la organización , Luis Cortés tras conocerse la sentencia, en la que ha dicho que no entiende el archivo de la causa después de que el superintendente de la Policia Local señalara en sede judicial que había recibido “presiones” pare emitir un informe por el que desaconsejara el recorrido previsto inicialmente en la protesta.

Unas “coacciones”, según ha señado Cortés, por parte del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, a las 14, 55 horas del día 18 de diciembre, un día antes de la protesta, y posteriormente del secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Gutiérrez Creus, que tenía previsto recorrer las calles del centro de Mérida para hacer llegar a Presidencia de la Junta sus reivindicaciones.

Cabe recordar que la Delegación del Gobierno comunicó la noche anterior a la tractorada el cambio del recorrido, trasladando la caravana de tractores por la Avenida reina Sofía hasta la Consejería de medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, argumentando como motivo dicho informe de la Policia Local.

Así, tras la testifical del jefe de la policía local, en la organización agraria no entienden cómo el fiscal propuso el archivo de la causa, al que finalmente ha accedido la titular del juzgado. Por este motivo, La Unión va a recurrir el auto ante el propio tribunal, como es preceptivo, y posteriormente, dado que espera que este primer recurso sea rechazado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

De hecho, según ha señalado Cortés, está dispuesto a llegar “hasta el tribunal último de la Unión Europea” si es necesario para seguir defendiendo que el derecho de manifestación de los agricultores fue vulnerado por la decisión de la delegada del Gobierno.

“ILEGALIDADES” DEL ALCALDE Y DELEGACIÓN

Junto a dichos recursos, va a proponer que testifiquen el alcalde de Mérida y el secretario general de la Delegación del Gobierno, a fin de “depurar posibles ilegalidades”, así como también los dos agentes de la policía local con los que la organización agraria ya había “pactado” el recorrido de la protesta, y que según Cortés incluso anunciaron a través del perfil del cuerpo de seguridad en una red social para dar conocimiento del mismo a los ciudadanos.

El superintendente “ratificó en sede judicial” el pasado 27 de mayo que “el alcalde de Mérida le dijo que le llamaría la Delegación del Gobierno y que hiciera lo que le dictaran”, ha señalado Cortés, quien ha añadido que un cuarto de hora después le llamó el secretario general de la Delegación del Gobierno “exigiéndole un informe para impedir de la entrada de la tractorada” hasta Presidencia de la Junta.

Una “presión” ante la que cedió el superintendente, ha añadido Cortés, quien emitió el informe, lo cual significa que la delegada del Gobierno “mintió en sede judicial cuando dijo que ella no conocía los motivos por los que se había retrasado el informe de la Policía Local”.

Por ello, considera una “ilegalidad” que el alcalde y la Delegación del Gobierno “presionen a un funcionario público para que emita un informe en contra de su actuación”, en tanto que, según Cortés, el jefe de la policía local declaró que ya había habido otras tractoradas en la ciudad.

“DECISIÓN POLÍTICA”

Asimismo se ratifica en que el cambio del recorrido fue “una decisión política”,así como hacerlo “con ocho horas de antelación“, para que así no hubiera “capacidad de reacción”.

“Hay suficientes elementos como para ver que ni la actuación de la fiscalía, ni de la jueza se basan en datos objetivos y pruebas de que se ha vulnerado el derecho de reunión y manifestación”, ha remarcado Cortés.

Cabe recordar al respecto que una sentencia del TSJEx del propio 19 de diciembre, una vez terminada la protesta, y a instancias de los convocantes de la misma, anulaba la resolución de la Delegación del Gobierno en la que modificaba el recorrido, entendiendo que no se cumplían los plazos, lo cual para Cortés supone que el derecho de manifestación de los agricultores, que protestaban para exigir precios dignos en el campo, fue vulnerado.

 

 

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