El director general de la PAC, Juan Eloy Rodríguez, ha participado este jueves en la presentación del informe ‘Prospectiva Estratégica para el sector agroalimentario extremeño y andaluz’ de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur).

Rodríguez ha valorado este «interesantísimo» informe y ha asegurado que la Junta de Extremadura es «muy consciente» de los desafíos que afronta el sector agrario extremeño.

A este respecto, ha destacado que la Junta ha pagado el primer día posible, es decir, el pasado lunes 16 de octubre, el anticipo de la PAC en la forma en que permite el FEGA para que ese dinero esté en manos de quien lo necesita. Han sido 130,6 millones de euros de anticipo que han llegado a casi el 80 por ciento de los posibles perceptores.

«En Extremadura no hemos retenido nada del dinero recibido ni nos hemos demorado en su pago porque sabemos de la importancia que tiene para agricultores y ganaderos ya que es un pilar fundamental de su renta agraria», ha afirmado.

No obstante, el director general ha reiterado que la nueva PAC no satisface las necesidades del sector agrario extremeño y, por ello, ha exigido una revisión del Plan Estratégico Nacional en el 2024 porque no está diseñado para el modo de hacer tradicional de los agricultores y ganaderos de la región.

Además, también se ha referido a la arquitectura verde de la PAC que, según algunos informes, puede provocar una reducción de producción de la Unión Europea (UE), inseguridad alimentaria de cara a 2030 o una disminución de renta agraria y aumento de importaciones.

«Es decir, que nuestros agricultores y ganaderos pierden, mientras otros ganan», ha apuntado al tiempo que ha añadido que esas «exigencias verdes» no se aplican en productos que llegan desde fuera de la UE.

Finalmente, Juan Eloy Rodríguez ha destacado que la Junta de Extremadura va a «defender siempre» los intereses del sector agrario extremeño y va a estar a su lado para apoyarles en sus demandas como ha ocurrido también con las ayudas destinadas al sector de la cereza tras los daños sufridos por las intensas lluvias del pasado verano o las ayudas también para las explotaciones afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).

 

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