El director general de Cooperativas y Economía Social, Diego Sánchez Duque, ha intervenido este martes en la inauguración del curso ‘Formándonos para la Economía Social y orientados a la agenda 2030’, que se desarrolla en el campus universitario de Badajoz, donde ha puesto en valor la actividad de la economía social en la comunidad autónoma, que aporta el 12,24 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional.
Así lo ha destacado, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tras agradecer la organización y colaboración de la Universidad de Extremadura en la organización de este tipo de eventos formativos para cualificar y especializar más un sector de «gran importancia y relevancia para el desarrollo del territorio», dada su relevancia económica y social.
Extremadura cuenta con 2.387 entidades diferentes pertenecientes a la familia de la economía social, que representan el 2,82 por ciento del total del país y proporcionan empleo a un total de 20.736 profesionales. Este sector genera un volumen de negocio de 2.511 millones de euros y representa el 5,44 por ciento de empleabilidad en la región, según ha apuntado Sánchez Duque.
Durante su intervención, ha expuesto la importancia de este modelo económico a la hora de generar riqueza, crear empleo y fijar población al territorio y ha puesto el acento en las cooperativas, y en especial en las agroalimentarias, que se asientan principalmente en zonas rurales.
«En todos los pueblos hay al menos una cooperativa agroalimentaria», según ha precisado el director general, al tiempo que ha defendido la importancia del resto de entidades que conforman la familia de la economía social, como sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, fundaciones, asociaciones con actividad económica, las mutualidades, sociedades agrarias de transformación, cofradías de pescadores y entidades como Cáritas o la ONCE.
POTENCIACIÓN INTERNACIONAL
Estas entidades priorizan a las personas y el fin social sobre el capital, contribuyen al desarrollo local, defienden la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la inserción de personas en riesgo de exclusión, además de generar empleo estable y de calidad, según ha valorado.
En la misma línea, ha defendido las sociedades laborales y participadas como una forma jurídica «muy válida» para la prestación de servicios empresariales, de asesoramiento o de innovación.
Para concluir, ha subrayado el respaldo internacional al sector, recordando la resolución de la ONU para el desarrollo de la economía social, el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, así como el Primer Plan de Acción Europeo para la Economía Social, cuya finalidad es aprovechar su potencial económico y de creación de empleo para afrontar los desafíos del cambio climático, la digitalización y la exclusión social.
