Extremadura recurrirá el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en el que acuerda que se ejecute la demolición parcial de «Isla de Valdecañas».
El gobierno de la Junta de Extremadura respeta las decisiones judiciales, pero va a explorar todas las posibilidades con el objetivo de frenar la demolición de parte del complejo.
La ejecución de la demolición tendría consecuencias nefastas para la región, ya que se proyectaría un mensaje negativo que ahuyentaría a posibles inversores que estén pensando en instalarse en nuestra Comunidad Autónoma.
En Extremadura no sobra ni un empleo, ni una inversión, ni una oportunidad. Y aunque se trate de una demolición parcial, el resultado posterior de ésta no ayudaría ni al desarrollo de la zona, ni a la creación de nuevos puestos de trabajo a corto plazo, ni a la proyección económica general de la región en el futuro.
