La Junta señala a la ‘insuficiencia’ económica de una de las empresas de la UTE que resultó concesionaria”. ODP y Campamento Dignidad denuncian el estado de abandono de las casas, algo que afecta a las personas con menos recursos.
Las viviendas se encuentran paralizadas, a medio terminar. La imagen es la de un bloque de ladrillos vistos al descubierto.
Un amasijo de vallas metálicas y materiales expuestos al expolio. La insuficiencia económica de los constructores de 31 viviendas sociales en Villafranca de los Barros ha obligado a la Junta de Extremadura a liquidar el contrato y sacar de nuevo a concurso las obras.
Fuentes de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda explican que tras valorar la situación se ha realizado la propuesta de resolución del contrato a la UTE adjudicataria por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. También por la ‘precaria’ situación económica de una de las empresas de esta unión temporal de empresas. Una vez liquidado y resuelto el contrato con la UTE se procederá de nuevo a la licitación y adjudicación de las obras necesarias para su finalización.
La adjudicación del contrato
En julio de 2016 salía en el DOE la orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para la contratación de la obra de las 31 viviendas. El plazo de ejecución era de 24 meses y el presupuesto base de licitación era de 2,1 millones, con un valor estimado del contrato de 1,9 millones. En enero de 2017 se publicaba finalmente la adjudicación del proyecto a Construcciones Majoin, SL – Grupo Constructor Grucal Andalucía, SA (UTE) por valor de 1,7 millones.
Entre los requisitos para dicha adjudicación estaba la solvencia económica y financiera, así como la solvencia técnica y profesional. Los criterios incluían la oferta económica, la memoria constructiva y de calidad y medidas ambientales, entre otras.
“Esto afecta a las clases más bajas”
La Asociación en Defensa de lo Público y Campamento Dignidad han denunciado el estado de abandono de las viviendas, cuya construcción se paralizó en marzo de este año según afirman. El portavoz de la plataforma, Juan Viera, señala que ya advirtieron en su día que la empresa no iba a concluir las obras, como finalmente ha ocurrido. A su juicio esta situación es fruto de la adjudicación con unas bajas ‘temerarias’. Lamenta que el resultado final es el abandono de las obras, trabajadores sin cobrar y el ‘desamparo’ para los vecinos de la localidad que aspiraban a un hogar. Subraya que hasta un centenar de familias con rentas bajas se interesaron por el proyecto y solicitaron disfrutar de una de ellas. “Los damnificados de todo esto son ellas, las familias más necesitadas. Las capas más bajas que necesitan una alternativa habitacional”, critica.
(El Diario)

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