La Audiencia de Badajoz pidió que lo instruyera la Audiencia Nacional porque los supuestos delitos se cometieron en cuatro comunidades

EL Tribunal Supremo (TS) ha dictado que el Juzgado de Instrucción 1 de Zafra (Badajoz) es el órgano competente para continuar con las diligencias que fueron abiertas en 2017 por presuntos amaños de partidos de fútbol de Segunda B y Tercera División, así como de la Primera División femenina.

En un auto emitido por el TS, la Sala de lo Penal resuelve una cuestión de competencia después de que el citado juzgado pacense elevara una cuestión al entender que dichas diligencias debían ser instruidas por los juzgados centrales.

En dicho auto, el TS relata que el Juzgado de Zafra incoó diligencias previas por denuncia de la Fiscalía de Badajoz por presuntos amaños de varios partidos de fútbol en la provincia de Badajoz.

A raíz de la denuncia los servicios de Juegos de Azar del Cuerpo Nacional de Policía inició una profunda investigación, en la que se solicitó y se autorizó la intervención telefónica, lo que permitió conocer la existencia de dos organizaciones dispares dedicadas al amaño de partidos de fútbol.

Una de ellas en categorías de Segunda División B y Tercera División del fútbol masculino, y la segunda organización en la Tercera División de fútbol masculino y Primera femenino.

En ella están implicados «más de una treinta de investigados« en tres niveles de la trama, entre ellos una pluralidad de jugadores, y que ejercía su actividad »en un amplio ámbito geográfico que abarca a todo el territorio nacional, como Barcelona, Sevilla, Cádiz, Almería, Murcia y Valencia«.

En opinión del juzgado zafrense, se trata de delitos de corrupción en los negocios privados y organización criminal, y cifra, de momento, en 840.000 euros«el beneficio obtenido por la manipulación de los partidos». Además, entiende que se ha defraudado las expectativas de los aficionados y seguidores de los clubes, emprobrece la competición deportiva y ocasiona múltiples perjuicios, también de carácter sentimental a los seguidores y aficionados«.

Asimismo, considera que hay múltiples perjudicados, desde los clubes de fútbol, por su posición en la clasificación y la aspiración económica ligada a dicha clasificación, a diferentes particulares ubicados en España y en el extranjero, que habrán apostado a partidos «sin saber que estaban previamente amañados, confiando en la integridad del juego».

Sin embargo, el TS considera, en sintonía con lo que entiende la Fiscalía, que el importe de cuantía supuestamente defraudada es muy inferior a los siete millones de euros, cantidad que, con vocación de generalidad, se entiende que sí afecta a la economía nacional.

Tampoco existen múltiples perjudicados, sostiene el TS, pues «los perjudicados son las entidades jurídicas en las que se integran los socios, y no éstos directamente».

A todo ello se une la consideración de que el Juzgado de Zafra es el que tiene un conocimiento más profundo del proceso, ya que ha practicado detenciones e investigación a más de 30 personas, y ha adoptado medidas limitativas de derechos fundamentales, como intervenciones telefónicas y entradas y registros, «por lo que ha de responsabilizarse de las mismas».

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