Un hombre de 37 años ha resultado herido grave tras precipitarse desde una altura de varios metros al tratar de huir de la Policía Nacional cuando se encontraba sobre la muralla de Badajoz incumpliendo las normas de aislamiento establecidos por el estado de alarma.

Según fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES) , el herido, de 37 años de edad, se encuentra en la UCI del Hospital Universitario de Badajoz y tiene fractura de pelvis y de cinco vértebras. Está grave pero estable y pendiente de intervención quirúrgica.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado en declaraciones a Europa Press que no está detenido pero una vez que reciba el alta «se actuará en consecuencia».

Las mismas fuentes precisan que el varón se precipitó este pasado miércoles cuando unos agentes que estaban patrullando en calle Stadium vieron ha este hombre «en lo alto de la muralla» en compañía de otra persona.

Por este motivo los agentes indicaron a estas dos personas, que precisan que no creen que fueran camino de la farmacia, ni del supermercado o del médico, que bajasen de la muralla, pero ellos «salieron corriendo con tal mala suerte que uno de ellos se precipitó al vacío», tras lo cual fue trasladado al hospital.

SANCIONES ECONÓMICAS

La Policía Nacional hace hincapié en que el estado de alarma conlleva una legislación «paralela» de multas, sino que este tipo de hechos se sancionan por la Ley de Seguridad Ciudadana 4/2015, mientras que en caso de desobediencia o atentado a la autoridad se hace por el Código Penal.

Así, ha apuntillado que hay gente a la que se le indica que tiene que volver a sus domicilios y que, cuando no justifican la causa por la que está fuera del mismo, se les denuncia en base a la citada Ley de Seguridad Ciudadana, con sanciones económicas que pueden ir desde los 100 hasta los 600.000 euros.

A modo de ejemplo, ha citado que se requiera a una persona que entre en su domicilio y que se les responda que está fumando un cigarro, paseando o sacando la basura lejos de su residencia, y ha destacado que la policía lo que hace es intentar «mantener» y «velar» por la seguridad y la salud de las personas, así como sancionar «al irresponsable o al que no tiene solidaridad con el resto de los ciudadanos» que sí permanecen en sus casas.

Sobre estas sanciones económicas, señalan que si una empresa no guarda las medidas de seguridad y se le dice que cierre o respete dichas medidas y lo desoye pueden llegar hasta los 600.000 euros, mientras que las leves, que son las que se están interponiendo, van desde los 100 a 600 euros.

En este punto y en relación a la empresa GSS con sede en Badajoz, ha indicado que este pasado lunes, día 16, se le requirió por no guardar las medidas de seguridad que dicta el Ministerio de Sanidad y que, al reducir el número de trabajadores y «comprobar» la policía que cumplían dicho requerimiento, «no se sancionó».

«El fin no es sancionar, el fin es que la gente haga caso», han concluido las mismas fuentes, que han incidido en la «función pedagógica», aunque, tras pasar seis días de decretar el estado de alarma, «poco a poco se tendrán que ir endureciendo las circunstancias» dado que, por ejemplo, el primer día se puede decir que se está haciendo footing o botellón con los amigos porque no se han enterado pero el sexto «no se puede».

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