Desde mayo, las empresas extremeñas han visto con preocupación cómo el plazo de pago de las facturas por trabajos realizados para la Administración Autonómica se ha ido incrementando. Así, se ha pasado de menos de 22 días de media en mayo hasta los casi 32 en agosto (último dato disponible), vulnerando así la Ley de Morosidad, que marca un máximo de 30 días para pagar. Y, además, la previsión es que el problema vaya a más.
La Junta de Extremadura ha reconocido esta situación, que achaca a la falta de ingresos por el retraso en el abono de las cantidades que el Estado tiene que enviar en virtud del modelo de financiación, un retraso, a su vez, motivado por la falta de presupuesto estatal y la incertidumbre política.
 “No es de recibo que los empresarios y las empresarias seamos, una vez más, los ‘paganos’ de un problema que no es nuestro, pero cuyas consecuencias sí sufrimos. Nosotros cumplimos, y exigimos a la Administración que cumpla, porque la Administración no puede financiarse a nuestra costa”, ha asegurado Javier Peinado, secretario general de la CREEX.
Peinado ha explicado que los impagos de la Administración “son especialmente dañinos para un tejido productivo como el extremeño, formado por autónomos y micropymes, que se ven en situaciones límites a causa de estos retrasos”.
El dirigente de la organización empresarial más representativa de Extremadura ha advertido, además, de que los impagos provocan un ‘efecto dominó’ que termina repercutiendo en toda la sociedad. “Si la empresa no cobra, puede tener problemas para pagar a sus trabajadores y proveedores, y además no tener capacidad para asumir sus obligaciones con la Seguridad Social y el pago de impuestos como el IVA por facturas que no ha cobrado, incurriendo en recargos y sanciones que agravan aún más el problema, y pueden terminar con el cese de actividad si no se solventan”, ha señalado.
Por ello, el secretario general de la CREEX insta al Gobierno regional a resolver esta situación de manera urgente. “No somos quien para decirle a la Junta cómo tiene que actuar, pero sí que lo tiene que resolver, sea exigiendo con firmeza al Gobierno de España que cumpla o con créditos a corto, pero quien no debe sufrir las consecuencias es la empresa que ha cumplido sus obligaciones contractuales”, ha asegurado, para añadir: “si la Administración regional tiene mecanismos para, por ejemplo, asegurar el pago de nóminas a los empleados públicos, como es de justicia, también debe buscarlos para que las empresas cobren en tiempo y forma y puedan pagar también a sus trabajadores, y no dejar que esta bola siga creciendo y al final termine en la asfixia de autónomos y micropymes ya de por sí castigadas por la desaceleración económica”.

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