• CEOE presenta esta mañana al Defensor del Pueblo un exhaustivo informe en el que se le insta a interponer recurso ante el TC contra el artículo 66 de la Ley de PGE de 2021
  • CREEX indica que el Impuesto sobre el Patrimonio es confiscatorio, anacrónico, distorsionador de la armonización fiscal en la UE y contrario al principio de redistribución

 La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) se ha adherido a la iniciativa de CEOE (respaldada por todas las organizaciones territoriales) de instar al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, a que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, que recoge una subida del tipo marginal del Impuesto sobre el Patrimonio del 2,5% al 3,5%, y además otorga carácter indefinido a este tributo.

Según ha señalado Javier Peinado, Secretario General de la CREEX, apoyándose en el exhaustivo informe jurídico que avala la iniciativa, este impuesto es “anacrónico, confiscatorio (y por tanto contrario a la Constitución), rompe el objetivo de armonización fiscal en el seno de la UE (España es el único país que lo mantiene) y quiebra el principio de redistribución, al suponer en muchos casos empobrecimiento de quien lo soporta”.

Explicado en términos sencillos, este Impuesto grava anualmente la mera propiedad, sin tener en cuenta su rendimiento, con lo que en el actual escenario, –con tipos de interés cero o negativos y rendimientos patrimoniales reales muy bajos o incluso de pérdidas a causa de la crisis del COVID–, contraviene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que rechaza tributos sobre manifestaciones irreales de capacidad económica y aquellos que agotan la riqueza imponible.

Es decir, casos como el del Impuesto sobre el Patrimonio, donde en muchas ocasiones el contribuyente debe mal vender parte de su patrimonio para poder afrontar el pago del impuesto, ya que este patrimonio ha generado ingresos por debajo de lo que se liquida en el gravamen.

Para más inri, el rendimiento de ese patrimonio ya tributa previamente en el IRPF.

“No puede sostenerse un impuesto cuya cuota sea superior a lo que se ha generado. Es como si a una persona que gana 20.000 euros se le obligase a pagar un IRPF de 25.000 euros y tuviese que vender parte de sus bienes para pagar el tributo, ¿resultaría eso razonable?”, ha explicado Peinado.

El impacto que este impuesto tiene sobre la economía es, por su propia concepción, muy dañino, al penalizar el ahorro, la inversión productiva y la propia productividad, “todos ellos factores que sostienen el crecimiento económico”.

La propuesta de CEOE, apoyada por CREEX, es que se abra un debate en profundidad sobre el sistema fiscal español, para hacerlo más competitivo y generador de riqueza y empleo, “lo que redundaría en mayores ingresos para las arcas públicas”.

 

 

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