La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha presidido la reunión constitutiva del Consejo Asesor Forestal de Extremadura (CAFOR), en cuyo primer encuentro se ha presentado el borrador del decreto que regula el régimen jurídico aplicable a los montes de la Comunidad, los contratos de gestión y el Registro de los Montes Protectores de la región.

Dicha normativa tiene por objeto mejorar la protección de las masas forestales, prevenir los incendios y mitigar la despoblación, puesto que la aprobación de la misma supondrá un incremento de inversiones públicas a ejecutar en montes protectores que se encuentran en zonas más despobladas.

Así, se luchará contra el abandono de dichos terrenos, contribuyendo a fijar población con el incremento de inversión y la regulación de contratos de gestión por parte de la Administración extremeña, con el fin de incrementar medidas preventivas ante incendios forestales en terrenos privados.

Los montes protectores son una figura contemplada en la ley para el reconocimiento de terrenos de titularidad privada que lo soliciten y cumplan con las características que se exige a una superficie de titularidad pública. Son montes singulares que merecen protección por parte de la Junta.

En Extremadura ya ha sido declarado de utilidad pública un monte de vecinos de Descargamaría y está en proceso de declaración otro en Cadalso.

En la misma línea, se ha presentado el borrador del decreto que regula la aprobación de instrumentos de planificación y gestión forestal, así como el registro de los montes ordenados, simplificando el procedimiento que para muchas explotaciones forestales y agroforestales de Extremadura resultan imprescindibles a la hora de acceder a subvenciones europeas.

INTEGRANTES

Durante el encuentro se ha expuesto con detalle, para su consenso, el borrador de modificación de decretos que regulan los cambios de uso de superficie forestal a cultivos agrícolas y determinadas actuaciones forestales, los registros de cooperativas, empresas e industrias forestales, así como de montes protectores de la región para dar respuesta al acuerdo entre Estado y comunidad en el marco del decreto ley de 2020 de medidas extraordinarias para la reactivación económica hacia la nueva normalidad.

Esta modificación pretende agilizar los cambios de uso de suelo forestal a agrícola en superficies de pequeño tamaño de zonas en riego demográfico y consideradas a su vez zonas de alto riesgo de incendios, como han precisado la consejera de Agricultura y el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz Barco.

El Consejo Asesor Forestal está constituido por representantes del Ministerio, la Junta, diputaciones provinciales, confederaciones hidrográficas, FEMPEX, colegios profesionales, patronal, asociaciones y organizaciones agrarias, así como sindicales, organizaciones medioambientales, Universidad y Seprona, entre otros.

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