Unos 4.000 agricultores y ganaderos, según la organización, y algo más de 2.000, según la Policía Nacional, se han manifestado este jueves 31 en Badajoz para advertir de que “el campo se muere” y reclamar a las administraciones medidas que posibiliten unos precios “justos” y costes “asumibles”.

La protesta ha sido impulsada por las organizaciones representadas en el Consejo Asesor Agrario (UPA-UCE, APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres) y Cooperativas Agro-alimentarias con el fin de expresar su hartazgo por los precios “ruinosos”, mientras que se produce un “incremento” de los costes de producción.

La manifestación, en la que se han visto pancartas como “Juntos por un campo con futuro” o “SOS, el campo se muere”, finalizó en la Delegación del Gobierno en Extremadura donde le entregaron a la Delegada del Gobierno las peticiones del sector.

 

“LA DELEGADA DEL GOBIERNO AFIRMA QUE EL GOBIERNO COMPARTE LAS REIVINDICACIONES DEL SECTOR AGRARIO Y BUSCA SOLUCIONES A LAS MISMAS”.

 

La Delegada del Gobierno en Extremadura Yolanda García Seco, ha asegurado que el Gobierno de España “comparte las reivindicaciones del sector agrario y busca soluciones a las mismas.

“El Gobierno de España comparte sus reivindicaciones por unos precios dignos que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y que les permita vivir dignamente, por ello estamos ocupados y preocupados en buscar soluciones a las mismas”, ha expuesto García Seco tras reunirse con los representantes de los colectivos convocantes de la manifestación de los agricultores celebrada este jueves 31 en Badajoz.

En este sentido ha explicado que ya se están haciendo algunas modificaciones legislativas “importantes”, como las que tienen que ver con el etiquetado de origen de los productos , “de manera que se pueda saber su procedencia” y evitar así la competencia desleal con otros países que producen con otras condiciones y con otros precios”. “Hemos empezado por la leche, se hará con la miel y también con otros productos “, ha añadido.

Asimismo ha manifestado que la Unión Europea trabaja en la puesta en marcha de una normativa, “para la que ya hay acuerdo”, según ha destacado, que contempla la prohibición de prácticas comerciales “desleales”, una normativa que trata de impedir que los productos de los agricultores se utilicen como reclamo o como engaño mientras no se les pague en tiempo y forma y no haya una contratación que asegure esas relaciones comerciales”, ha incidido.

También se está actuando en el establecimiento de aranceles a aquellos productos que están entrando en condiciones de desigualdad como por ejemplo el arroz, al que ya se han incorporado esos aranceles, y que “permitirá que el producto nacional tenga el precio que merece”, según informa la Delegación.

“Todo esto tiene que estar amparado por la legislación europea en el ámbito de una reforma de la Política Agraria Común, que se está negociando ahora y debe de ser tema de primer orden, y así se va a pelear”, ha indicado García Seco, quien ha asegurado que en este sentido, “España pelea por una PAC muy fuerte”, presupuestariamente, pero también “con medidas que protejan a los agricultores en situacion de debilidad o en situaciones de riesgo”.

“Comprendemos sus reivindicaciones y trabajamos para resolverlas, para que en un mercado libre de competencia se proteja al eslabón más débil de la cadena, que son los agricultores, y que las organizaciones de productores sean fuertes para que tengan una voz en el mercado y puedan hacer valer sus productos”, ha concluido.

 

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