La sectorial vitivinícola de Unión de Uniones, tras analizar los datos y previsiones para la presente campaña vitivinícola considera que no debería haber especiales problemas “salvo que se creen artificialmente”, ya que una cosecha media-corta tanto a nivel nacional como en la Unión Europea y el buen ritmo de salidas, debería compensar los stocks de inicio de campaña superiores a años anteriores. La organización reclama una acción inspectora rigurosa para acabar con las irregularidades que lastran su funcionamiento. Según los datos barajados por Unión de Uniones, la sequía y diversos episodios graves de pedrisco pueden dejar una vendimia del orden de los 39-40 millones de hectólitros a nivel nacional, que es una cosecha casi un 20 % por debajo de la anterior y aproximadamente un 6 % inferior a la media de los cinco años anteriores. Esta producción moderada debería compensar un alto nivel de existencias que, efectivamente, son superiores a los habituales. Unión de Uniones considera que, en consecuencia, no debe ser la 2019/2020 una campaña especialmente problemática, “salvo que artificialmente se busque crear problemas”. En este sentido a Unión de Uniones le llama poderosamente la atención los anuncios que, incluso desde algunas organizaciones agrarias, se han hecho de “ruinosas” caídas del precio de la uva o de que se va a llegar a unos “precios hundidos” y considera que no juegan en favor de los intereses de los viticultores, sino todo lo contrario.
La organización, en respuesta a un escrito remitido en días pasados a la AICA ha sido informada de que el “Programa de controles in situ” de la Agencia se iniciará en la última semana de agosto con objeto de comprobar a pie de bodega tanto la existencia de contratos, como que estos reúnen los requisitos mínimos exigidos por la Ley 12/2013. La AICA hará especial hincapié en el precio, comprobando las entregas para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas.
Unión de Uniones recuerda también que debe respetarse el pago en el plazo de 30 días desde la finalización de la entrega de la uva, tal y como obliga la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad, y que solo en el caso de que uvas que pueden destinarse a vinos acogidos a figuras geográficas o de calidad, se puede aplazar hasta la validación de la cosecha el sobreprecio que pueda corresponder si la producción es calificada.

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