Asaja Extremadura felicita públicamente a la Junta de Extremadura por haber conseguido vencer en los tribunales en el contencioso sobre las restricciones a las producciones de nuevas plantaciones del cava aprobadas en diciembre del año 2017 y que entraron en vigor en 2018.

La organización agraria cree que esta sentencia puede ser decisiva para crear jurisprudencia y a partir de ahora no se pueda limitar por ningún Gobierno ni por la Denominación de Origen del Cava (que a partir del año pasado tiene las competencias para ello) el derecho de cualquier productor en cualquier zona de España a plantar libremente, en las condiciones que rige el libre mercado, lo que considere oportuno.

En todo caso, Asaja Extremadura recuerda que en dicho contencioso –felizmente resuelto ahora a favor de los intereses de los agricultores extremeños- se personaron a favor del Gobierno y de la DOP del Cava –y por tanto en contra de Extremadura- tanto la Generalitat de Cataluña como la organización agraria la Unión de Uniones –a la que pertenece la Unión de Extremadura-.

Por tanto, y aunque ahora algunos intenten sacar pecho tras la sentencia, sólo hay que leer con detenimiento el fallo para comprobar que esta organización fue parte demandada y que solicitó –con procurador en el caso- la confirmación de la resolución administrativa recurrida.

En tiempos donde en muchas ocasiones parecen triunfar las ‘fake news’, Asaja Extremadura considera que no hay nada más adecuado para no engañar, en este caso a los agricultores, que publicitar la verdad, en este caso la que viene recogida en la sección sexta de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el procedimiento ordinario 178/2018.

En dicho contencioso aparece como demandante la Junta de Extremadura y como demandado el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el Consejo Regulador de la DOP Cava; la Generalitat de Cataluña; y las Uniones de Agricultores y Ganaderos. En el fallo de la sentencia se recuerda que “el Abogado del Estado, la Generalitat de Cataluña y la organización agraria ‘Unión de Uniones de Agricultores’ solicitaron la confirmación de las resoluciones recurridas”.

LA MISMA BATALLA, AHORA

Por otro lado, Asaja también insta a la Junta de Extremadura a dar la misma batalla en los Tribunales contra la grave decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobada en septiembre del pasado año, cuando cedió todas las competencias a la Denominación de Origen del Cava para que sea este selecto y elitista grupo –formado en su gran mayoría por industriales catalanes- quien marque las directrices de plantación de este producto en nuestro país. De hecho, en diciembre de 2019, se limitó por tres años las nuevas plantaciones en una decisión arbitraria, política y muy dañina contra los intereses de los productores extremeños. Si grave fue la decisión tomada en 2017 (se limitaba la producción al 0,52%), la misma o peor se tomó hace unos meses (0,1%).

Asaja Extremadura considera que debe de ser el Ministerio de Agricultura y no unos determinados industriales que solo miran para lo suyo, el que marque las reglas del juego, que en este caso, debe de ser la libre competencia, por lo que también tiene que dar la batalla jurídica la Junta de Extremadura, aunque afecte al Gobierno de España y sea de su mismo color político.

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