El presidente de EAPN de Extremadura, Mehrad Alizadeh, ha exigido un “compromiso firme” político contra la pobreza y la exclusión social y para reducir la desigualdad, así como para impulsar la protección social como un “motor de crecimiento inclusivo” que permita salir a las personas de situación de vulnerabilidad y cumplir con el “derecho” a una “vida digna”.

De igual modo, y ante el nuevo escenario de recuperación post-pandemia de la Covid-19, ha abogado por la “reflexión” y el “diálogo” sobre las políticas en materia social y económica necesarias para superar las situaciones de pobreza y exclusión social.

En este sentido, ha señalado que el impacto de la crisis socio-sanitaria “especialmente” ha sido mayor sobre las personas vulnerables, y ha considerado necesario “transversalidad” en las iniciativas sociales en todo el conjunto de las políticas públicas para afrontar dicha situación.

Así se ha pronunciado en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza celebrado este viernes en la Asamblea de Extremadura, en Mérida (Badajoz).

INFORME AROPE

De su lado, Lorena Rodríguez Jiménez, miembro de la junta directiva de EAPN-Extremadura y gerente de ASDE Scout, ha presentado el XI Informe Arope sobre Estado de Pobreza 2021, con datos de 2020, y que recoge que actualmente 411.000 personas residentes en Extremadura están en riesgo de pobreza o exclusión, lo que supone un 38,7 por ciento de tasa Arope y que la región “encabeza los datos con respecto al resto de regiones”.

Asimismo, el porcentaje de mujeres en riesgo supera en casi un 3 por ciento al de hombres, lo que provoca que se acentúe una “brecha de género” que hasta el momento es la mayor registrada en los datos históricos en el informe Arope en Extremadura.

Con ello, según el informe, Extremadura mantiene las cifras de pobreza “más altas” del país, pero se han mantenido respecto al año anterior, con un 31,4 por ciento.

En concreto, en cuanto a pobreza severa, en Extremadura hay 124.000 personas en dicha situación (algo más del 10 por ciento); y casi un tercio de población se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, en materia de pensiones, casi la mitad de las recibidas en Extremadura se sitúan “por debajo del umbral de pobreza”, situado en 688 euros al mes, lo que evidencia que “algo no está funcionando bien en el sistema cuando las pensiones contribuyen a generar esta pobreza”, apunta el informe.

Así, Lorena Rodríguez Jiménez, tras incidir en que la lucha contra la pobreza forma parte del conjunto de políticas en pro de la ciudadanía, ha reivindicado la importancia de desarrollar medidas para revertir las cifras actuales porque “detrás de ellas están familias, personas y hogares” y, por ello, hay que trabajar “en metas comunes de forma urgente”.

En este punto, ha alertado de que Extremadura es una comunidad autónoma con cifras “alarmantes” de pobreza pero no es la única, sino que “existe una fuerte desigualdad territorial entre el norte y el sur de España” debido a la “configuración histórica del territorio” y a la gestión e inversión de políticas nacionales y europeas, ha dicho.

Además, ha ahondado en que la pandemia de la Covid-19 ha provocado que la situación actual sea un “caldo de cultivo” post-pandemia que “puede ser muy perjudicial”.

También, como conclusiones del informe Arope, Lorena Rodríguez ha señalado que la recuperación económica que se esperaba “ha sido destrozada por la pandemia” y “tener un empleo en la actualidad no supone una garantía” porque hay un “nuevo perfil de pobreza” de personas “ocupadas” cuyos ingresos no le permiten cubrir sus necesidades básicas.

Además, la brecha de género “sigue siendo notable” y supone un “problema estructural”; y los hogares con niños y niñas presentan unas mayores cifras de pobrezas, al igual que ocurre con personas jóvenes, mayores o con discapacidad.

Con ello, ha considerado que “la desigualdad territorial es muy significativa y debe ser un objetivo político prioritario”, ha dicho, al tiempo que ha defendido que las políticas sociales, sanitarias, educativas, de vivienda y empleo “necesitan un refuerzo extra para poder garantizar el Estado de Bienestar”.

En esta línea, ha alertado de que se ha “naturalizado” la pobreza, con datos que no son “admisibles” y que requieren políticas de “redistribución” con voluntad política.

POLÍTICAS “VALIENTES” Y SIN “FRENTISMO”

A su vez, la secretaria primera de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, María Ángeles Camacho, ha destacado que la Cámara regional es el lugar donde se ejerce la potestad legislativa y el “espacio donde está representada la ciudadanía en su conjunto y el foro donde se debaten las cuestiones que importan como sociedad”, entre ellas la pobreza.

En este marco, ha afirmado que “atajar las consecuencias de la Covid-19 y la grave crisis provocada por esta pandemia obligó a centrar esfuerzos y recursos, pero ello no debe hacer perder la perspectiva de que la pobreza es y sigue siendo el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha dicho.

Así, ha añadido que pese a que se en las últimas décadas “se ha avanzado mucho para erradicar” la pobreza, el trabajo y logros obtenidos se han visto “sacudidos” por la irrupción de la pandemia; y ha defendido que los poderes públicos y el “mundo desarrollado”, que también se ha visto afectado por la Covid-19, deben hacer frente a la situación de pobreza.

“La Covid se ha cebado con las personas más vulnerables y ha ampliado desigualdades, especialmente las que afectaban con mayor virulencia a las mujeres, los jóvenes, las jóvenes y las personas migrantes”, ha alertado María Ángeles Camacho, al tiempo que ha defendido que el de la pobreza se trata de un problema de “primera magnitud” que se debe afrontar con políticas públicas “valientes” y en las que se abandone “el frentismo”.

ABORDAR LA POBREZA DE FORMA “MULTIFACTORIAL”

Por su parte, el secretario general de Empleo de la Junta de Extremadura, Javier Luna, ha reconocido que los resultados del informe Arope “no agradan” y ha señalado que la pobreza “no es un tema de solución fácil sino multifactorial”.

Al mismo tiempo, ha apuntado que se trata de un “problema” que hay que resolver “juntos”, con políticas activas de empleo “integrales” de recuperación personal para poder acercarse al mercado de trabajo, así como de acompañamiento para que el “ritmo laboral” se mantenga.

Mientras, la directora general de Servicios sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Carmen Núñez, ha afirmado que “lo peor” de las consecuencias de la crisis de la Covid-19 podría estar “aún por llegar” a “medio o largo plazo”, aunque ha defendido que “aún” se está “a tiempo de hacer planteamientos para evitar que esto llegue” a producirse.

Núñez ha destacado así que ya están en marcha desde las administraciones públicas medidas “paliativas” para “intentar contener a la pobreza cuando ya está ahí”, aunque ha señalado que en todo caso “hay que dar un paso más” ahondando en iniciativas que se han “comprobado” que han sido “de éxito” para incidir en la “equidad”, como los existentes para la integración laboral para el colectivo gitano, por ejemplo.

A su vez, Greta Guevara, integrante del Grupo de Participación de EAPN Extremadura, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Extremadura, ha advertido de que la pandemia ha dejado al descubierto “nuevas caras” de la pobreza que estaban “camufladas” en cuestiones como la falta de acceso a internet o la dificultad para pagar la electricidad.

También ha incidido en que por la pandemia “tener un empleo ha dejado de ser sinónimo de integración social”, ha espetado, porque la Covid-19 “ha castigado especialmente a las rentas más bajas” y especialmente a las mujeres; y ha apostado por ofrecer una “respuesta adecuada” a todas las personas que necesitan ayuda.

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